13 may. 2011

El Congreso aprueba la Ley de la Ciencia con solo tres votos en contra

Después de más de dos años de tramitación parlamentaria, la Ley de la Ciencia se convirtió ayer en una definitiva realidad tras el amplio respaldo obtenido ayer en el Congreso: 289 votos a favor y solo tres en contra, los de IU-ICV y UPyD.

NORMA DE FOMENTO DE LA INNOVACIÓN 

«Hoy es un gran día para la ciencia española, espero que esto suponga un punto de inflexión en cuanto al rendimiento y calidad del sistema», aseguró ayer una eufórica ministra de Ciencia, Cristina Garmendia, que ve cómo una nueva normativa, adaptada a la realidad actual y al fuerte empuje que la investigación española ha experimentado en los últimos años, sustituye por fin a la anquilosada legislación en vigor, que data de 1986.


La normativa aprobada ayer crea un nuevo ente financiador, la Agencia Estatal de Investigación; establece una carrera científica estable y predecible que, en teoría, permitirá incorporar a los investigadores al sistema; pone el acento en la innovación e incentiva la participación del sector privado en la financiación de la ciencia. «La nueva ley pretende conseguir más participación de la empresa privada en actividades de investigación, más trabajo estable para los jóvenes investigadores y más calidad en la ciencia española a través de una apuesta definitiva e irreversible por la investigación de excelencia», asegura el ministerio en un comunicado.

Esta euforia, compartida por destacados científicos, no es, sin embargo, unánime entre la comunidad investigadora, que si bien aprecia que la nueva norma supone un paso adelante, la considera aún insuficiente. Es el caso de la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios, que asegura que la ley «sigue dejando la puerta abierta a que fundaciones y entidades privadas sigan perpetuando la figura del becario investigador». Afirman que el contrato que se establece para los predoctorales recoge «retribuciones muy inferiores a las de los contratos en prácticas» y que la estabilidad de los posdoctorales tampoco está garantizada. En un línea similar se pronuncia la Plataforma Investigación Digna, que incide en el hecho de que el nuevo contrato de acceso al sistema «no viene ligado a ningún tipo de garantía de que existan oportunidades de estabilización para los que superen las evaluaciones establecidas».

«Damos más posibilidades a una nueva generación de investigadores y emprendedores» .../... «Aún queda mucho trabajo por hacer a partir de la aprobación de esta ley»
Cristina Garmendia.

SOBRE LA LEY

El texto se compone de cuatro Títulos y uno Preliminar. En este se recogen el objeto y los objetivos de la Ley y se define el Sistema Español de Ciencia y Tecnología, que está integrado por el Sistema de la Administración General del Estado y por los Sistemas de cada una de las Comunidades Autónomas, e incluye a agentes de coordinación, de financiación y de ejecución.

El Título I desarrolla la competencia de coordinación general de la Administración General del Estado que la Constitución le atribuye, pero sin olvidar el fundamental papel de las Comunidades Autónomas en la ejecución de la política de investigación.

La coordinación se asienta sobre una Estrategia Española de Ciencia y Tecnología, de nueva creación, que constituye el marco de referencia plurianual para alcanzar los objetivos compartidos por todas las administraciones territoriales; el Consejo de Política Científica y Tecnológica, formado por representantes de máximo nivel de la Administración General del Estado y de las Comunidades Autónomas; el Consejo Asesor de Ciencia, Tecnología e Innovación, que asesora al anterior y en el que están representados los agentes económicos y sociales; y por último, el Comité Español de Ética de la Investigación, que es el órgano consultivo encargado de velar por la ética de la investigación.

El Título II se centra el los recursos humanos dedicados a la investigación. Persigue crear un esquema para el desarrollo profesional del personal investigador. Entre sus principales novedades se cuenta la regulación de la movilidad entre entidades públicas y el sector privado de manera muy ambiciosa, la creación de contratos laborales específicos para investigadores y la asunción, de una manera muy clara, de la evaluación del desempeño a los efectos de carrera profesional en los organismos públicos de investigación de la Administración General del Estado.

El Título III se ocupa del impulso de la investigación científica y técnica, la innovación, la valorización y transferencia del conocimiento y la cultura científica y tecnológica.

En primer lugar regula los instrumentos y medidas para el fomento de la investigación, estableciendo una lista abierta de medidas a adoptar por los agentes de financiación y prevé la posibilidad de celebrar convenios de colaboración.

En cuanto a la valorización y la transferencia del conocimiento se establecen medidas aplicables a los negocios jurídicos mediante los cuales se realiza esta transferencia, acordando que se regirán por el derecho privado.

El último capítulo se dedica a la internacionalización del sistema y la cooperación al desarrollo y destaca la importancia que en estos aspectos tiene la actividad investigadora.

El Titulo IV regula lo referente al fomento y coordinación de la actividad investigadora en la Administración General del Estado. A semejanza del modelo que rige en el Sistema Español de Ciencia y Tecnología y para ser coherente con él, se prevé un órgano de coordinación, la Comisión Delegada del Gobierno para Política Científica, Tecnológica e Innovación y se crea un instrumento de planificación plurianual, el Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica.

Por su parte, los elementos e instrumentos que se ponen al servicio del cambio de modelo productivo se planifican en la Estrategia Estatal de Innovación.

En segundo lugar en el Titulo IV se contiene la previsión de la existencia de dos agencias de financiación de la Administración General del Estado, la Agencia Estatal de Investigación, de nueva creación y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, orientado al fomento de la innovación.

Por último este Título define, enumera y específica las principales funciones de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.

El texto del Proyecto contiene también un gran número de disposiciones adicionales que tratan aspectos muy diversos, disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y disposiciones finales, que modifican un número importante de leyes.